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Derecho a la educación, derecho al futuro

Familias de menores con parálisis cerebral de España se enfrentan a la vulneración del derecho a la educación de sus hijos e hijas.

La Administración opta de forma preferente por retirar apoyos, propiciando exclusión social y limitando las oportunidades de futuro de los menores con parálisis cerebral.

El servicio de asesoría jurídica de Confederación ASPACE ha intercedido por 4 familias de Castilla y León para mantener la escolaridad inclusiva de menores con parálisis cerebral, logrando mantener apoyos para la inclusión que funcionan.

La educación es uno de los pilares para la construcción de la ciudadanía. Desde pequeños avanzamos año a año a través de contenidos curriculares, creciendo con ellos e incorporando conocimientos que conformarán nuestra educación básica y serán la única herramienta que tendremos para acceder a una educación superior y, más adelante, a una profesión que nos permitirá ser personas adultas libres, independientes y con capacidad crítica. Esto es algo que damos por sentado en nuestro país. Cualquier persona comparte un marco referencial de lo que supuso el colegio, el recreo, los exámenes; lo que significó haber estudiado en un centro concreto y cómo nos marcaron maestras y maestros. Sin embargo, ha sido necesaria la firma de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de España para que miremos más allá de la realidad de la mayoría y pensemos en qué oportunidades de futuro estamos dando a menores con discapacidad a lo largo de su desarrollo académico.

El itinerario educativo de los menores con parálisis cerebral depende, en esencia, de sus necesidades de apoyo. La característica pluridiscapacidad de las personas con parálisis cerebral provoca que cada caso sea diferente y, por lo tanto, tenga diferentes necesidades de apoyo en lo físico, lo intelectual o en el ámbito de la comunicación; entre otros. En nuestro país, el 80% de las personas con parálisis cerebral tiene grandes necesidades de apoyo; por lo que gran parte de estos menores pasan la mayor parte de su formación en un Centro de Educación Especial. Para otros, sin embargo, es posible y positivo desarrollar su formación en la educación ordinaria o incluso con fórmulas combinadas en las que participen de forma coordinada profesionales específicos de atención a la parálisis cerebral y el profesorado de la escuela.

Sin embargo, incluso el alumnado con menores necesidades de apoyo se encuentra dificultades para vivir en entornos inclusivos que, en teoría, son objetivos de las nuevas políticas educativas. En una apuesta por la inclusión no vale el todo o no nada, ni seguir compartimentando a las personas según si tienen discapacidad o no. Las políticas de inclusión han de tener en cuenta las necesidades de apoyo de cada caso y disponer de los recursos suficientes para alcanzar la inclusión educativa en colaboración de todos los agentes sociales. Es posible que un menor con muy grandes necesidades de apoyo precise solo de un centro de educación especial. Como también hay menores que pueden disfrutar de modalidades combinadas e incluso de la educación ordinaria incorporando pequeños apoyos y adaptaciones que, en este caso, dependen más de la voluntad institucional que de los recursos disponibles. Pero a la hora de la verdad las familias se encuentran escasez de recursos para la inclusión, falta de interés por parte de la Administración y, lo que resulta más frustrante; falta de empatía ante su realidad.

CUANDO LAS AMISTADES Y LA INCLUSIÓN NO BASTAN PARA CONSOLIDAR UN DERECHO

Un día nace un niño con parálisis cerebral. Y es un milagro. Muchos nacen prematuros y se salvan vidas que en otro momento estarían condenadas; entran en juego profesionales de la estimulación temprana. Pero luego este soporte desaparece. «Cuando es pequeñito está muy bien atendido», explica Miriam González, «el servicio de atención temprana es muy bueno. Pero según se va haciendo mayor te vas dando cuenta de que te estás quedando sola».

Miriam es la madre de Daniel, un niño de nueve años que tiene parálisis cerebral con unas necesidades de apoyo físicas lo bastante leves como para permitirle acudir a un centro ordinario con su hermano gemelo y su hermana; ambos mayores que él. “El hermano es mayor por segundos” especifica Jesús; el padre. Daniel acude a clase junto a su hermano, donde recibe su apoyo y el profesorado solo realiza adaptaciones curriculares en educación física. Por las tardes recibe sesiones de fisioterapia en un colegio de educación especial; fuera del horario lectivo. “Fue un acuerdo al que se llegó que permitía inclusión sin perder horas de clase.” Explican, pero que además ha tenido un impacto muy positivo en la vida de Daniel: “Hasta ahora ha sido como un niño más. Que haya ido a un colegio ordinario nos ha permitido que no se note la diferencia: tiene muchos amigos y está muy bien integrado.”

Daniel es la prueba de que la inclusión educativa en colaboración entre los centros especiales y los ordinarios no solo es posible, sino que funciona; y que ofrece más oportunidades a los menores con parálisis cerebral. Y también de que estas iniciativas funcionan mientras dure la voluntad institucional. En marzo Miriam y Jesús recibieron un aviso por parte del orientador del colegio, que les transmitió una decisión del centro que ponía en riesgo la inclusión de Daniel, la estabilidad familiar y el futuro del niño.: “Consideran un cambio sustancial el que su hermana mayor deje el centro” explica Miriam; “el orientador nos avisó de que tocaba la revisión y que solo podría quedarse renunciando a la fisioterapia externa. De lo contrario tenía que cambiarse de colegio”. A pesar de las solicitudes de los padres y de los argumentos en contra de la decisión, el centro no solo no daba su brazo a torcer, sino que no ofrecía ninguna alternativa inclusiva; realizando una apuesta segregadora que vulneraba los derechos de Daniel y que ponía en riesgo la continuidad de un tratamiento de fisioterapia esencial para su habilitación para la participación. “En caso de quedarnos, el colegio no ofrecería un servicio de fisioterapia. Como el Estado ya tiene el colegio de educación especial, ahí es donde se me ofrece el servicio, porque es el colegio específico donde le toca”, Miriam se sentía cada vez más sola. Los tiempos en los que el apoyo de la atención temprana la proporcionaban estabilidad y seguridad quedaban, de repente, muy lejos.

Padre y madre presentaron un escrito de alegaciones que ha quedado sin respuesta hasta la intervención de la asesoría jurídica de Confederación ASPACE. En el proceso se han enfrentado a presiones para que abandonaran la fisioterapia del colegio de educación especial porque, como les indicaron desde inspección educativa “conocían el caso y estaba muy claro lo que tocaba”. Ángeles Blanco, responsable de Derechos y Asesoría Jurídica de Confederación ASPACE, recalca que “la educación inclusiva requiere ineludiblemente la dotación de recursos humanos y materiales. La única respuesta jurídicamente admisible es contar preceptivamente con los recursos necesarios a la inclusión del menor. De ahí que desde Confederación ASPACE hayamos presentado escrito fundamentado tanto a la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) como a la Dirección General de Discapacidad para, de forma colaborativa, obtener una solución adaptada a Derecho para consolidar la situación inclusiva de Daniel”

La intervención de Confederación permitirá, según indican fuentes gubernamentales, mantener una buena práctica de educación inclusiva cuya retirada era injustificada y desproporcional. Como decía Miriam “no pedimos más recursos, ni sobreesfuerzos. Es algo que es compatible y ya está”. “En todo caso y, mientras la situación se materializa en la práctica, el servicio de Asesoría Jurídica permanecerá vigilante hasta la efectiva dotación del recurso de fisioterapia”, asevera Blanco.

DERECHO A ESCOGER ITINERARIO Y MODALIDAD EDUCATIVA

“Según la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad tengo derecho a acceder a una educación superior” explica Pablo, un estudiante de 16 años de 4º de ESO en la educación pública ordinaria que se enfrenta a barreras para decidir cómo seguir su formación. Pablo cuenta con apoyo y adaptaciones en el colegio: una persona está a su lado durante las horas lectivas para ofrecerle los apoyos necesarios para la participación en la rutina de la clase. Para la mayoría de sus compañeros lo más complicado del próximo curso será, precisamente, tomar la decisión sobre qué hacer. Él lo tiene claro: “Me gustaría estudiar algo vinculado con las ciencias sociales para ser administrativo”, pero su problema es otro, da igual que escoja bachillerato o formación profesional “en cualquier caso me ponen trabas para tener los apoyos que necesito”. Al finalizar la educación obligatoria, la administración considera que tampoco existe obligatoriedad de disponer de esos apoyos.

Pablo quiere seguir estudiando para ser administrativo, para ello necesita el apoyo de un  Auxiliar Técnico Educativo (ATE)

Pablo es consciente de que “si no me ponen ningún apoyo es una vulneración de mis derechos”. Por eso se puso en contacto con el servicio de asesoría jurídica de Confederación ASPACE. “El caso de Pablo es el caso de muchas personas adolescentes con parálisis cerebral. Los recursos humanos y materiales finalizan con la escolarización obligatoria y ello implica que, de facto, las personas con parálisis cerebral no puedan proseguir sus estudios en igualdad al resto de la ciudadanía. Pablo necesita Auxiliar Técnico Educativo (ATE) y la Administración educativa ha de proveerlo en todas las etapas de escolarización sin excepción. Por el momento hemos llegado a un acuerdo con el centro educativo, pero no se trata de adoptar soluciones excepcionales, sino de incluir preceptivamente los recursos en todas las normativas de Educación”, sostiene la Asesora Jurídica de Confederación ASPACE.

NO SON CASOS AISLADOS

Los derechos de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo están continuamente en cuestión y requieren de especial protección en todos los ámbitos. Las acciones de sensibilización social necesarias para transformar perspectivas sesgadas deben ir acompañadas de políticas transformadoras que comprendan que la participación y la inclusión son posibles mediante los apoyos adecuados.

Desde su creación el año pasado, el servicio de asesoría jurídica ha atendido 242 casos de vulneración de derechos. 4 de ellos en el último mes tenían que ver con el derecho a la educación y todos se han resuelto de forma positiva para las personas con parálisis cerebral, sus familias y, sobre todo; sus derechos. Y aún descubrimos más casos en medios de comunicación, como el de Anchel y su familia que están recogiendo firmas para que se le permita estudiar un grado medio de FP en informática.

La denuncia, la incidencia política y la sensibilización de la ciudadanía son las únicas herramientas de las que disponen las familias y las personas con parálisis cerebral a través de la cobertura de entidades como Confederación ASPACE; que ellas mismas impulsan. De otra forma estarían solas ante la injusticia, ante buenas palabras que no llevan al cambio que, en el fondo, toda la sociedad desea porque una sociedad inclusiva, hecha para todas y todos, es la mejor en la que podemos vivir. Con Pablo cumpliendo su sueño de ser administrativo. Con Daniel pudiendo decidir qué hacer con su vida y viviéndola con la mayor autonomía posible.

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