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Confederación ASPACE demanda que el nuevo CUME reconozca las necesidades de apoyo permanentes y elimine el límite de edad de la prestación

Advierte de que las necesidades de cuidado directo, continuo y permanente no desaparecen al alcanzar la mayoría de edad y reclama una protección estable para las familias cuidadoras.

 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones abrió a audiencia pública el pasado 16 de junio el proyecto de Real Decreto para actualizar la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave, conocida como prestación CUME. Esta actualización derogará la regulación vigente desde el año 2011.

Confederación ASPACE valora la mejora de aspectos técnicos de la normativa, pero lamenta que no cambie el enfoque de esta, ya que el texto propuesto sigue centrándose en la enfermedad aguda y no reconoce adecuadamente las situaciones de gran dependencia y necesidad permanente de apoyos. De hecho, la nueva norma incrementará la carga burocrática a las familias y pondrá en riesgo prestaciones a aquellas con situaciones permanentes.

Por ello, Confederación ASPACE plantea mejoras para que la futura regulación responda plenamente a la realidad de las personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo. En este sentido, reivindica que el texto amplíe su enfoque más allá de la consideración de la parálisis cerebral infantil y contemple las necesidades de apoyo permanentes que acompañan a muchas personas con parálisis cerebral durante toda su vida.

Asimismo, recuerda que las necesidades de cuidado directo, continuo y permanente no desaparecen al alcanzar la mayoría de edad, sino que, en muchos casos, se mantienen a lo largo de todo el ciclo vital. Así, Confederación ASPACE exige también la eliminación del límite de edad de la prestación en los casos de personas con grandes necesidades de apoyo. Esta medida es imprescindible para proteger la trayectoria laboral de las personas cuidadoras, mayoritariamente mujeres, y evitar que se vean obligadas a abandonar o reducir su actividad profesional sin una cobertura suficiente. Garantizar esta protección resulta fundamental para asegurarles una jubilación digna, prevenir situaciones de vulnerabilidad económica futura y favorecer la independencia económica de quienes dedican gran parte de su vida al cuidado de familiares con grandes necesidades de apoyo.

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