El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) ha trasladado al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, unas propuestas para mejorar y garantizar el acceso “efectivo” a la justicia de las personas con discapacidad, con especial atención al beneficio de la justicia gratuita.
Así, el CERMI propone estas medidas ante el anuncio del Ministerio de Justicia de que es susceptible de revisar el servicio de asistencia gratuita, la forma de abonar sus emolumentos a los abogados de oficio, pero no por cada trámite judicial, sino por caso completo; y de establecer un mayor control para garantizar que el beneficiario tiene la renta que dice tener.
Las propuestas del CERMI pretende adecuar la legislación española con las nuevas obligaciones que impone la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En esta línea, plantea la creación de turnos de oficio especializados para personas con discapacidad, por parte de los Colegios de Abogados, de acuerdo con la Administración competente, así como la formación de sus miembros. También propone la creación de servicios de orientación jurídica para personas con discapacidad, y la creación de juzgados especializados en materia de discapacidad en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo.
El CERMI explica que hay otros grupos sociales (en materia de violencia de género, extranjería o penitenciario) especialmente protegidos, con asistencias jurídicas específicas, por lo que, con respecto a las personas con discapacidad, se trataría de incluir uno nuevo que abarca a numerosas personas, “con un relevante interés jurídico digno de protección”.
En cuanto a la asistencia jurídica gratuita, el CERMI propugna desarrollar y llevar a la práctica el asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando quieran evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.
Por otra parte, el CERMI propone la designación de fiscales especializados en materia de discapacidad, con el objetivo, por un lado, de que intervengan directamente en aquellos procesos del orden penal, en relación a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas que afectan este grupo, así como del orden jurisdiccional cuando afecten a los derechos de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Por otro lado, se trataría de que coordinen los criterios de actuación de las diversas fiscalías en esta materia; y de que elaboren semestralmente un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en este ámbito también.
Por último, otra propuesta del CERMI es que las personas con discapacidad sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de umbrales económicos, ya que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita elevó ese umbral en el caso de las personas con discapacidad, pero con carácter excepcional, no como reconocimiento de un derecho.
Según el CERMI, las personas con discapacidad deben ser beneficiarias de este derecho, ya que, según indica, tienen menos oportunidades económicas, un nivel de ingresos inferior al resto, un sobrecoste que representa su situación de discapacidad y una mayor tasa de pobreza, debida a la confluencia de protección social de baja intensidad protectora y a unas tasas de inactividad cercanas al 70%.
Fuente: CERMI
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