Imprimir
20
Abril
2012

Confederación ASPACE denuncia que las políticas autonómicas de ahorro están mermando la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral

Confederación ASPACE muestra su preocupación ante las consecuencias negativas que está teniendo para la vida diaria de las personas con parálisis cerebral las políticas de ahorro que en materia social están llevando a cabo las diferentes Comunidades Autónomas, llegando a dejar desiertas vacantes en centros de atención pese a la existencia de listas de espera y acumulándose retrasos de hasta 120 días en los pagos.

De una u otra forma, las 73 entidades de atención a personas con parálisis cerebral que integran Confederación ASPACE están sufriendo los efectos de estas políticas de ahorro, en algunos casos obligándolas a prescindir de personal, a reducir el número de horas de atención a los usuarios o a eliminar servicios, lo que se traduce en una merma en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En la mayoría de comunidades se produce la circunstancia de que no se están concertando nuevas plazas en los centros de atención pese a la existencia de vacantes y de una amplia lista de espera. Esta situación afecta no sólo a los usuarios con parálisis cerebral, sino a sus familias, que en la mayoría de los casos no pueden asumir el gasto de una de estas plazas sin la subvención y el concierto de los gobiernos autonómicos, viéndose obligadas a atender en casa a la persona con discapacidad, con las consecuencias que esto conlleva.

Asimismo los retrasos en los abonos de los conciertos son generalizados, acumulando incluso demoras de hasta 120 días. Además, en muchas Comunidades Autónomas no se ha subido el IPC en las cuantías abonadas por esos mismos conciertos, como venía haciéndose cada año, o directamente se está reduciendo el precio que los gobiernos pagam por cada plaza.

En la medida en que las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos de mayor vulnerabilidad de la sociedad, Confederación ASPACE solicita a los diferentes gobiernos autonómicos que sus políticas de ahorro no afecten al colectivo de la discapacidad e insta a las Comunidades Autónomas a revisar los conciertos existentes con los centros de atención, pues estos desarrollan una labor social imprescindible en la que los gobiernos han depositado su confianza.