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Creemos que las políticas hechas para la ciudadanía deben de ser impulsadas, precisamente, desde la realidad social de las personas a las que se dirigen. Las normas que se alejan de este principio no solo pierden sentido y utilidad; también pueden provocar, sin pretenderlo, graves vulneraciones de derechos fundamentales. Para convertir el Ingreso Mínimo Vital en una auténtica herramienta de reducción de desigualdades para con las personas con parálisis cerebral; hay cuatro aspectos esenciales que deberían ser ajustados a la vivencia diaria del colectivo: cuatro propuestas para un IMV que responda a la realidad de las personas con parálisis cerebral:

1. Vincular el Ingreso Mínimo Vital a las personas con parálisis cerebral y no a las unidades de convivencia.

Pese a que el artículo 28 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad vincula la dotación socioeconómica a las personas con discapacidad, el IMV otorga preferentemente el derecho a las unidades de convivencia. Negar que un derecho subjetivo se asocie directamente a la persona con parálisis cerebral interesada perpetua un tratamiento de desigualdad y de plena dependencia del núcleo familiar, limitando sus opciones de empoderamiento y participación ciudadana. Es cierto que el IMV prevé la posibilidad de que la prestación se otorgue a familias unipersonales, pero la realidad es que, en el caso de las personas con parálisis cerebral, y dadas las grandes necesidades de apoyo que precisan quienes viven con esta pluridiscapacidad, esta opción es muy limitada.

Por todo ello urgimos a una reforma legislativa para vincular de forma subjetiva el IMV a las personas mayores de edad con parálisis cerebral. Además, la titularidad del derecho ha de considerar los ingresos y bienes patrimoniales de las personas con parálisis cerebral con independencia a los de la unidad familiar.

2. Permitir la titularidad del Ingreso Mínimo Vital a las personas incapacitadas judicialmente.

El IMV no permite la titularidad de las personas incapacitadas judicialmente. Esto no solo va en contra de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad: tampoco encaja en un contexto en el que avanzamos hacia la reforma legislativa del sistema español de incapacitaciones judiciales para adoptar fórmulas jurídicas basadas en la promoción de las capacidades y la autonomía. Una vez consolidada esta reforma, la vulneración -que ya se da- de un derecho esencial como es la igualdad ante la Ley con respecto al Ingreso Mínimo Vital será aun más grave de lo que ya es. Este derecho debería de haber nacido de acuerdo con los tiempos de cambio y modernización del sistema que estamos viviendo y, por lo tanto, debería permitir la titularidad de las personas incapacitadas judicialmente.

3. Dotación de la prestación con independencia de la estructura habitacional.

Hoy en día no es posible que las personas usuarias de servicios residenciales con financiación pública reciban la prestación del IMV. Para las mujeres y los hombres con parálisis cerebral la elección de una estructura residencial viene predeterminada por sus necesidades de apoyo. Por lo general estas son grandes y precisan una atención especializada y continuada a lo largo de toda su vida. Si hablamos de IMV hablamos de inclusión, de ofrecer seguridad y estabilidad para encontrar mecanismos de participación social. Vincular la prestación al tipo de estructura habitacional en la que se reside es, por tanto, un error de base: esta dotación debería responder a la vulnerabilidad económica y no al servicio habitacional. La modificación normativa necesaria en este punto requiere un estudio de las necesidades socioeconómicas de las personas usuarias de servicios residenciales para evitar que sean obviadas jurídicamente.

4. Compensar el sobrecoste de la parálisis cerebral en la prestación del Ingreso Mínimo Vital.

Ni los umbrales del IMV ni la dotación de la prestación contemplan el sobrecoste de la discapacidad. Esto afecta al baremo, al valorar ingresos y bienes patrimoniales; y a la dotación final percibida, que no tiene en cuenta que las familias con discapacidad severa afrontan un sobrecoste de entre 250 € y 819 € por semana con respecto al resto de familias. Si este sobrecoste no es asumido prestacionalmente, el IMV fallará en el caso de las personas con discapacidad en su objetivo de lograr reducir las desigualdades y erradicar la pobreza.

En Confederación ASPACE creemos que la participación y el empoderamiento de las personas con parálisis cerebral es posible a través del enfoque social de derechos: es la propia sociedad que debe prever mecanismos para la inclusión. Si se ofrecen recursos como el Ingreso Mínimo Vital y se formulan de forma ajena a la ciudadanía con parálisis cerebral estaremos imposibilitando que realmente sirvan para que las personas con parálisis cerebral puedan ejercer sus derechos de forma efectiva. Estamos a tiempo de introducir los cambios necesarios para que el IMV considere la realidad social de la parálisis cerebral y configure una política presupuestaria garantista e inclusiva con este colectivo.