En una reunión con el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, Confederación ASPACE ha solicitado que la futura reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia no recorte los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad, especialmente en el caso de quienes tienen una discapacidad superior al 65%, y ha solicitado además que se invierta la tendencia actual de primar las prestaciones económicas sobre la oferta de servicios de atención.
El Gobierno lleva desde finales de 2011 anunciando la necesidad de reformar la conocida como Ley de Dependencia para hacerla “viable y sostenible en el tiempo”. Una Ley que afecta, directa o indirectamente, a casi cuatro millones de españoles con discapacidad y que establece los derechos y los servicios básicos que deben ser ofrecidos al colectivo: residencias, centro de días, tratamientos de fisioterapia, logopedia…
En este sentido, la Ley establece que estos servicios y tratamientos deben tener “carácter prioritario” sobre las “prestaciones económicas” que se concedan. Sin embargo, tal y como confirma Juan Manuel Moreno, en las Comunidades Autónomas se está primando las aportaciones económicas a las familias, una solución que debería ofrecerse “de no ser posible la atención mediante” servicios, convirtiendo de esta forma la excepción en norma. Esto es así porque, en ocasiones, supone un menor gasto ofrecer la prestación económica que pagar abonar los servicios requeridos.
Confederación ASPACE siempre ha apostado porque las personas con discapacidad dispongan de los servicios necesarios, por lo que durante la reunión con Juan Manuel Moreno solicitó que la futura reforma de la Ley contemple mecanismos de control para garantizar la primacía de los servicios sobre las prestaciones económicas, y que, en aquellos casos en los que esto no fuera posible, la política de contención del gasto no lleve a que estas cuantías se vean reducidas.
Además, Confederación ASPACE hizo especial hincapié en que la futura reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia no merme ningún servicio ni derecho de aquellas personas cuya discapacidad sea mayor al 65%, pues se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad y sufren en mayor medida las consecuencias de la crisis económica.
Por último, Confederación ASPACE abordó la actual imposibilidad de acceso de los niños de 0 a 3 años con mayor grado de discapacidad a una guardería ordinaria, pues éstas, al no disponer de los recursos y del personal cualificado necesario, deniegan sistemáticamente la concesión de plazas a los niños con parálisis cerebral. A esto hay que añadir la insuficiente atención temprana (fisioterapia, logopeda…) que se ofrece en casi todas las Comunidades Autónomas a los niños con discapacidad.
Confederación ASPACE siempre ha abogado, y seguirá haciéndolo, por la inclusión en todas las etapas de la vida, pero siempre que se garanticen los recursos necesarios para cubrir las necesidades de las personas con parálisis cerebral. La actual situación de recortes en todos los sectores convierte en inviable una inclusión real, por lo que Confederación ASPACE reclamó a Juan Manuel Moreno un nuevo modelo de atención en este ámbito, incluyendo la creación de guarderías especializadas.
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