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Confederación ASPACE solicita a Montón que tome medidas para promover la inclusión social de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines

La Confederación de Asociaciones de Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) felicita a Carmen Montón por su nombramiento como Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En representación de las 120.000 personas con parálisis cerebral y discapacidad afines que viven en España; Confederación ASPACE ofrece su colaboración en el abordaje de los retos de atención a estas personas para consolidar su calidad de vida, su autonomía personal y su inclusión en sociedad.

Es el momento de retomar la agenda social de la mano de las organizaciones estatales del Tercer Sector y garantizar la sostenibilidad de un modelo de éxito que peligra tras los recientes cambios en su financiación. Consideramos que la colaboración institucional ha logrado el desarrollo de una red de recursos mínima que peligra ante la incertidumbre de su sostenibilidad.

Desarrollar esta red de recursos, que hoy en día es irregular y desigual, debería de ser otro de los retos a asumir por el Ministerio. Ya desde el momento del diagnóstico, las familias de las personas con parálisis cerebral se enfrentan a la descoordinación entre servicios sanitarios, sociales y educativos; que se agrava con falta de sensibilidad ante la realidad que están experimentado las madres y los padres en busca de respuestas para asegurar la calidad de vida de sus hijos. Es necesario construir una completa Red de Servicios de Atención Temprana y de apoyo al Desarrollo Infantil, que esté coordinada con los distintos servicios que cualquier persona con parálisis cerebral necesitará a lo largo de su vida. No hay que olvidar que el 80% de las personas con parálisis cerebral tienen grandes necesidades apoyo; por lo que también se ha de tener en cuenta aquellos que precisan para lograr su inclusión social efectiva en todos los ámbitos de participación.

Finalmente, desde Confederación ASPACE nos sumamos a la declaración realizada por el CERMI y reclamamos la retirada del “copago confiscatorio”. Las personas con parálisis cerebral y sus familias están pagando por lo que ya es un derecho: hasta un 40% del coste de los medicamentos necesarios que se une a la reducción de prestaciones sociales percibidas por un 75% de nuestras familias; causando un grave impacto en sus presupuestos familiares. El sector público tiene la responsabilidad de aliviar estas cargas y facilitar así el ejercicio de los derechos de ciudadanía del colectivo.

 

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