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Confederación ASPACE lamenta la negativa a incluir cláusulas sociales en la contratación pública y exige la prioridad en la contratación de las ONG

Confederación ASPACE lamenta que el Grupo Parlamentario Popular haya rechazado en el Congreso de los Diputados la incorporación de unas cláusulas sociales para los contratos de la administración pública con el sector privada, que tenían como fin favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, y solicita no solo la aprobación de dichas cláusulas, sino la incorporación en ellas de la prioridad en la contratación de las entidades sin ánimo de lucro para la prestación de servicios en dependencia.

“El acceso al empleo es un derecho innegable de las personas, y garantizar ese acceso constituye una obligación del Estado, además de su razón de ser. Si el Estado no garantiza la inclusión laboral de las personas con discapacidad estará negando la condición de ciudadano de pleno derecho uno de los colectivo más vulnerables, con la pérdida de legitimidad que ello acarrea para las instituciones públicas”, asegura Jaume Marí, presidente de Confederación ASPACE, entidad que representa a 120.000 personas con parálisis cerebral.

En la exposición de motivos para rechazar la inclusión de estas cláusulas sociales, el portavoz popular, Francisco Vañó justificó su negativa aduciendo que, en cualquier caso, ésta deberá hacerse cuando se revise “la trasposición de las nuevas directivas de contratación pública de la Unión Europea“. Confederación ASPACE confía en que esto sea así y que el Grupo Parlamentario Popular no eludirá su responsabilidad para con la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, Confederación ASPACE considera que estas cláusulas sociales deben ir más allá, y primar a las organizaciones no gubernamentales frente a la empresa privada en la contratación de la prestación de servicios relacionados con la discapacidad y la dependencia. Existen múltiples justificaciones para la asunción de esta medida, si bien Confederación ASPACE quiere resaltar las siguientes:

  • Las organizaciones no gubernamentales tienen a sus espaldas décadas de experiencia en la atención a personas con discapacidad, de la que, por lo general, carece la mayoría de las empresas.
  • Si bien las ONG se atienen ineludiblemente a la viabilidad económica, al carecer de ánimo de lucro, en sus criterios a la hora de prestar sus servicios se prima por encima de cualquier criterio la calidad de la atención, lo que redunda en el bienestar del colectivo.
  • Los beneficios económicos que pudieran existir de la prestación de estos servicios, se reinvierten íntegramente en la sociedad, al no existe ánimo de lucro, lo que implica, entre otras muchas cosas, más puestos de trabajo y más y mejores servicios para las personas con discapacidad.
  • El tercer sector de la discapacidad se caracteriza por ser una fuente de empleo estable y por sus altos porcentajes de contratación de personas con discapacidad y de mujeres, lo que supone un revulsivo para la no discriminación de ambos colectivos.

Por último, Confederación ASPACE recuerda que, en la medida en que el Estado ha delegado en las organizaciones no gubernamentales su obligación de atender a las personas con discapacidad, es se responsabilidad crear las condiciones óptimas para que estas entidades puedan ejercer su labor, y una medida ineludible es priorizar a estas entidades a la hora de contratar la prestación de servicios para personas con discapacidad.

 

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