La información que proporcionen las administraciones y demás entidades integradas en el sector público deberá ser accesible a las personas con discapacidad, según se dispone en el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobado por el Congreso de los Diputados y que continuará su tramitación en el Senado.
En concreto, el artículo 4 del proyecto de Ley, en el que se establecen los principios generales de esta nueva regulación, ordena que “toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos”.
Además de esta previsión sobre la accesibilidad universal de la información de las Administraciones públicas, el proyecto de Ley contiene otro elemento relacionado con la discapacidad, al tipificar como falta muy grave toda actuación que suponga discriminación por esta circunstancia, así como el acoso por esta misma razón.
El proyecto de Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
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