Las nuevas modificaciones que el Gobierno ha introducido recientemente al régimen de tasas a la Justicia y el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita, incrementan hasta los 37.275,7 euros anuales la capacidad adquisitiva de las personas con discapacidad que pueden beneficiarse de justicia gratuita y exención del pago de tasas judiciales, según informa el CERMI.
En este sentido, en el beneficio se incluye no solo a la persona con discapacidad, sino también a las personas que los tengan a su cargo, en el caso de que actúen en un proceso en su nombre e interés, pero siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este reconocimiento excepcional.
A efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar se tendrá en cuenta, además de las rentas y los bienes patrimoniales, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, como la titularidad de bienes inmuebles siempre que no constituyan la vivienda habitual del solicitante, así como los rendimientos del capital mobiliario.
Además se establece un supuesto de asistencia jurídica gratuita sin tener en cuenta la existencia de recursos o ingresos: personas con discapacidad intelectual, víctimas de abuso o maltrato.
Además, las personas con discapacidad intelectual víctimas de abuso o maltrato podrán optar por que la asistencia pericial especializada gratuita sea llevada a cabo por profesionales técnicos privados, siempre que lo apruebe el juez o el tribunal.
0 Comentarios