Supone avances históricos como el reconocimiento de la asistencia personal como servicio, la compatibilidad entre prestaciones y empleo y el compromiso de reforzar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
El reto será garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio y una financiación suficiente para que las personas con grandes necesidades de apoyo puedan ejercer sus derechos.
Desde Confederación ASPACE celebramos la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, una modificación normativa que supone un avance hacia un modelo de apoyos más centrado en la autonomía personal, la vida independiente y los derechos de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.
Valoramos especialmente que el nuevo texto incorpore varias reivindicaciones del Movimiento ASPACE, y reclamamos una financiación suficiente, estable y sostenida que permita desarrollar las medidas previstas y convertir los derechos reconocidos por la norma en apoyos reales para las personas con discapacidad.
Esta reforma representa un paso importante para avanzar hacia un sistema de apoyos más flexible y adaptado a las necesidades de cada persona. Sin embargo, recordamos que las personas con parálisis cerebral presentan necesidades complejas y permanentes y que, en torno al 80 %, requieren grandes necesidades de apoyo durante toda su vida. Por ello, resulta imprescindible que el nuevo marco normativo garantice recursos especializados, suficientes y compatibles entre sí.
Avances que responden a reivindicaciones históricas
Entre las medidas aprobadas, destacamos especialmente el impulso de la asistencia personal y su reconocimiento como un servicio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), una reivindicación histórica del Movimiento ASPACE por su papel fundamental para promover la autonomía, la participación y el derecho de las personas con parálisis cerebral a desarrollar su propio proyecto de vida.
También valoramos positivamente la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones y servicios, una medida que permitirá configurar apoyos más flexibles y adaptados a las necesidades de cada persona.
Asimismo, apreciamos el refuerzo de los apoyos en el entorno comunitario, el reconocimiento de la teleasistencia como derecho subjetivo, la mejora de los recursos dirigidos a las personas cuidadoras, así como la reducción de la carga burocrática que afrontan las personas con parálisis cerebral y sus familias mediante el reconocimiento automático de determinados grados de discapacidad.
Destacamos también la incorporación, mediante una enmienda, de la regulación de la figura del facilitador procesal, un avance que favorecerá su implantación y contribuirá a garantizar que las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines puedan acceder a la justicia y participar en los procedimientos judiciales con los apoyos necesarios.
Más financiación para hacer efectivos los derechos
Por otro lado, aplaudimos que la reforma incorpore el compromiso de que la Administración General del Estado financie el 50 % del coste público del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, un avance que fortalece la sostenibilidad del sistema y refuerza la corresponsabilidad entre administraciones.
De la misma manera, consideramos necesario asegurar una respuesta equitativa, coherente y eficaz en todo el territorio nacional. Y es que, en la actualidad persisten importantes desigualdades entre comunidades autónomas en el acceso a recursos, prestaciones y servicios especializados, una situación que compromete la igualdad de derechos de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines en función de su lugar de residencia.
Recordamos que el incremento y la creciente complejidad de las necesidades de apoyo hacen imprescindible seguir reforzando las medidas dirigidas a las familias y personas cuidadoras. Para ello, reclamamos que se consoliden servicios como el respiro familiar, el acompañamiento profesional y otros recursos que permitan cuidar sin renunciar al proyecto de vida propio.
En este sentido, continuaremos colaborando con las administraciones públicas para que el nuevo modelo de apoyos responda a las necesidades específicas de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, garantizando el cumplimiento efectivo del artículo 49 de la Constitución Española, así como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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