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Tres años de servicio de asesoría jurídica para 761 casos de protección de derechos

En 2023 se han atendido 216 consultas, mayoritariamente casos de discriminación en el acceso a diferentes derechos como a la educación, la vivienda o a la justicia y a violencia, tanto de género, como sexual, institucional o económica.

El servicio de asesoría jurídica nació durante el año 2020, para defender los derechos de las personas parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo en todos los ámbitos de su vida pero prestando especial atención a las situaciones de violencia de género y discriminación.

El servicio de asesoría jurídica nació durante el año 2020, para defender los derechos de las personas parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo en todos los ámbitos de su vida pero prestando especial atención a las situaciones de violencia de género y discriminación. El contexto pandémico en el que se puso en marcha marcó las primeras solicitudes de asesoramiento, vinculadas al coronavirus: tramitación de ERTEs y CUME fueron las principales demandas de apoyo en ese momento; así y como el patrimonio protegido y las incapacitaciones judiciales, cuando abría un proceso de transición hacia el nuevo modelo de apoyos al ejercicio de derechos.

Desde entonces el servicio ha atendido 761 consultas, 216 de ellas a lo largo del año 2023. Con una media de 253 casos anuales atendidos, es un servicio que requiere especialización profesional en grandes necesidades de apoyo y la implicación de las entidades ASPACE; que hoy en día derivan a Confederación los asuntos que tienen que ver de forma particular con violencia y discriminación hacia el colectivo de personas con grandes necesidades de apoyo.

Así, las consultas resueltas por Confederación ASPACE se han referido en 2023, mayoritariamente, a casos de discriminación en el acceso a diferentes derechos; como a la educación, la vivienda o a la justicia; y a violencia, tanto de género, como sexual, institucional o económica. Las personas con parálisis cerebral, y en particular las mujeres, son especialmente vulnerables ante estas situaciones dadas sus altas necesidades de apoyo. Precisan de una defensa proactiva en estos casos, para proteger y preservar así su derecho a la vida, a la intimidad, a la privacidad, a la educación y a la tutela judicial efectiva. En esencia, para salvaguardar su integridad física y emocional y garantizar así su participación pública y su vida independiente en condiciones de igualdad.

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