Por 140 votos a favor, 171 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de los Diputados tumbó el pasado martes 26 de junio una iniciativa de CiU que pedía eliminar de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012, la disposición adicional que establece “suspensión de la aplicación de determinados preceptos” de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Teresa Martín Pozo, del Grupo Parlamentario Popular, aseguró que el Gobierno y el PP quiere “garantizar en época de crisis la sostenibilidad de un sistema que ha sido puesto en peligro por una gestión desafortunada” del anterior Ejecutivo. Además, aseguró que se revisará y simplificará el sistema de valoración y que tendrán prioridad quienes mayor grado de dependencia tengan, de modo que los recursos vayan a las personas que más lo necesitan.
Caridad García (IU) señaló que la conocida como Ley de Dependencia “era una ley con una letra maravillosa pero carecía de la parte más importante, porque no se hicieron las previsiones para que tuviera la financiación suficiente para abordar con todas las garantáis lo que el espíritu de la ley decía”.
Lo que sí fue aprobado por la cámara baja (196 votos a favor, 4 en contra y 115 abstenciones) fue el apartado de la iniciativa de CiU para promover un "amplio acuerdo político y social" para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de dependencia.
LA MOCIÓN
Según la moción, el acuerdo “deberá orientarse a garantizar la financiación necesaria y la participación del Estado, a corto y medio plazo, en base a los costes reales de los servicios y prestaciones en las distintas comunidades autónomas, y más allá del horizonte de 2015, con la perspectiva de alcanzar un gasto estable en políticas de atención a la dependencia”.
Además, continúa el texto aprobado, “el acuerdo también deberá revisar la aplicación del sistema priorizando las atenciones que conllevan, la creación de empleo, el impulso a la colaboración público-privada, el desarrollo de las prestaciones socio-sanitarias y el impulso a las políticas de prevención y a la I+D+i en esta materia”.
Asimismo, dice el texto, “el citado acuerdo deberá posibilitar el desarrollo de la política de atención a la dependencia con pleno respeto a las atribuciones competenciales que en materia de servicios sociales atribuyen la Constitución y los Estatutos de Autonomía a las Comunidades Autónomas”.
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